La Abolición del Estrangulamiento de Precios Como una Teoría de Responsibilidad Antimonopolio

Resumen

Un “estrangulamiento de precios” o “estrangulamiento de márgenes” es una teoría de responsabilidad antimonopolio, bajo la sección 2 del Sherman Act, que trata de una monopolista integrado verticalmente que vende sus insumos del mercado hacia atrás con efecto de embotellamiento (“upstream bottleneck input”) a empresas que competen con la producción del monopolista de un producto del mercado hacia adelante vendido a consumidores finales. En cuestión está el tamaño del margen entre el precio del insumo y el precio de venta al menudo del monopolista.

Casos recientes de antimonopolio relativos al estrangulamiento de precios han dado lugar a decisiones divergentes por parte de las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos. El tribunal del circuito de D.C. concluyó que, como un monopolista verticalmente integrado puede rehusar a proveer sus insumos del mercado hacia atrás a sus competidores en el mercado hacia adelante, ello puede aumentar el precio de los insumos del mercado hacia atrás sin incurrir en responsabilidad antimonopolio. Por el otro lado, la decisión del Tribunal Noveno en el caso linkLine en 2007 rechazó tal raciocinio, a pesar de la decisión en el caso Trinko. Basado en la opinión del Juez Learned Hand en el caso Alcoa, linkLine subordina la protección de los consumidores a la protección de los competidores. Ello requiere análisis del precio de acceso, lo cual se más parece al trabajo de una comisión de servicios públicos que al trabajo de un juez federal en un caso antimonopolio.

La teoría de responsabilidad por estrangulamiento de precios es incompatible con la jurisprudencia antimonopolio contemporánea y el análisis económico. El estrangulamiento de precios por una empresa que no tiene poder de mercado no podría resultar en una violación antimonopolio, porque no tiene como reducir el bienestar del consumidor. Además, las leyes antimonopolio tratan del proceso competitivo, no sus resultados finales. La incapacidad de una sola empresa para permanecer en el negocio es irrelevante como cuestión de ley antimonopolio, a menos que la conducta que induce esa empresa a salir del mercado también dañe el proceso competitivo. La Corte Suprema debería revocar linkLine y resolver la divergencia de opinión entre las cortes. Ella debería revisar Alcoa y explicar por qué alegar estrangulamiento de precios no implica presentar una demanda por violar la ley antimonopolio de Estados Unidos, ni justifica una desviación de los principios enunciados en los casos Brooke Group y Trinko.

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