Informe de Amici Curiae de los Profesores y Académicos en Derecho y Economía en Respaldo a los Peticionarios, Pacific Bell Telephone Co. v. linkLine Communications, Inc.

Resumen

El caso linkLine del Noveno Circuito sobre estrangulamiento de precios es el caso antimonopolio más importante que la Corte Suprema podría analizar durante el otoño de 2007. Los Amici son los profesores y académicos en derecho y economía que han enseñado, o han realizado investigaciones sobre, derecho de la competencia y la economía de la organización industrial. Entre ellos figuran William J. Baumol, Robert H. Bork, Robert W. Crandall, George Daly, Harold Demsetz, Jeffrey A. Eisenach, Kenneth G. Elzinga, Gerald Faulhaber, Franklin M. Fisher, Charles J. Goetz, Robert Hahn, Jerry A. Hausman, Thomas M. Jorde, Robert E. Litan, Paul W. MacAvoy, J. Gregory Sidak, Pablo T. Spiller, y Daniel F. Spulber.

Estamos de acuerdo con los peticionarios que el Noveno Circuito ha generado un inevitable conflicto entre los circuitos y que el dictamen aquí abajo del Noveno Circuito es incompatible con el razonamiento de este Tribunal en los casos Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004), Weyerhaeuser Co. v. Ross-Simmons Hardwood Lumber Co., 127 S. Ct. 1069 (2007) y Brooke Group Ltd. v. Brown & Williamson Tobacco Corp., 509 U.S. 209 (1993). Estamos de acuerdo con el voto en disidencia, en el caso linkLine, del juez Gould que el caso Trinko “toma los temas de la fijación de precio de la venta por mayor fuera del caso,” de forma que la única teoría del daño posible y remanente para los demandantes sería la de depredación de precios al nivel minorista — lo que los demandantes no alegaron. linkLine Commc’ns Inc. v. PAC. Bell Tel. Co. d/b/a/AT&T Cal., Inc., No. 05-56023, 2007 U.S. aprox. LEXIS 21719, en * 28-29 (9th CIR. 11 de septiembre de 2007) (Gould, J., disidente). También estamos de acuerdo con la opinión del juez Ginsburg para el circuito de D.C. en el caso Covad Communications Co. v. Bell Atlantic Corp., 398 F.3d 666 (D.C. Cir. 2005), que a su vez abraza la conclusión del tratado de Areeda-Hovenkamp “‘no tiene sentido prohibir un estrangulamiento de precios depredatorio [predatory price squeeze] en circunstancias donde el monopolista integrado tiene el derecho a negarse a contratar [free to refuse to deal] .”” Id. en 673-74 (citando a 3A Phillip E. Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law # 767 c 3, 129-30 (2d ed. 2002)). La existencia de una norma como la de linkLine tiene un impacto generalizado en el comportamiento empresarial que, en el margen, afecta a la competencia y los consumidores. Este efecto nocivo se extiende más allá de la industria de las telecomunicaciones, afectando a todas las empresas que hacen negocios en el Noveno Circuito. Esas razones justifican la otorga de certiorari en linkLine y la revocación de la decisión del Noveno Circuito.

En nuestro pensamiento, una mayor razón que aquellas descritas anteriormente hace que sea imperativo que el Tribunal analice este caso. La decisión del Noveno Circuito en linkLine implica el fundamento normativo de la jurisprudencia moderna relativa a la Ley Sherman (“Sherman Act”): la ley antimonopolio existe para promover el bienestar del consumidor. Tenemos tres puntos para formular.

Primero, cualquier norma de responsabilidad por estrangulamiento de precios que amenaza la responsabilidad, basada en la reivindicación de que la diferencia entre los precios hacia atrás y hacia adelante de una empresa deja a los rivales hacia adelante un margen insuficiente, sustituye una regla del bienestar del consumidor por el bienestar del competidor.

Segundo, entendido correctamente, un estrangulamiento de precios es un tema regulatorio, que sólo tiene sentido como una norma de regulación de precios en una industria que ya está sujeta a la obligación de contratar y controlar (“duties to deal and to control”) por los reguladores institucionalmente competentes. Es poco aconsejable intentar implementar la política regulatoria a través de la sección 2 de la Ley Sherman, tanto porque no tiene sentido para los tribunales volver a regular industrias desreguladas o ligeramente reguladas, como porque los tribunales carecen de competencia institucional para implementar la regulación.

Tercero, la norma del Noveno Circuito es de intensa preocupación precisamente porque disuadirá la conducta pro eficiencia y la fijación de precios competitivos. La integración vertical y la integración parcial son omnipresentes y las empresas deben ser capaces de tomar decisiones sobre dicha integración sin la amenaza de responsabilidad. Las empresas integradas verticalmente igualmente necesitan estar libres para reducir los precios al por menor (mientras que los precios no sean depredatorios) sin preocuparse con sus rivales – el punto del caso Brooke Group. Además, el estándar del Noveno Circuito es tan vago y sin límites fijos que crea incertidumbre e invita el litigio; también permite la imposición de responsabilidad basada en la aparente evaluación subjetiva de hechos controvertidos y difíciles de probar, lo que conducirá a un riesgo considerable de falsos positivos.

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