Exportando Regulación de Telecomunicaciones: Las Negociaciones de Estados Unidos y Japón sobre los Precios de Interconexión

Resumen

Desde 1997, el gobierno estadounidense ha intentado utilizar el acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre servicios de telecomunicaciones como un vehículo para exportar los principios americanos de regulación de las telecomunicaciones a otros países. En 1997, los Estados Unidos tomó la posición de que el acuerdo de telecomunicaciones de la OMC requiere que sus países signatarios sigan las prácticas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) sobre la política regulatoria de telecomunicaciones. Posteriormente, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) ha intentado influenciar, bajo la amenaza implícita de sanciones comerciales, la política regulatoria nacional de Japón relativa a los precios del acceso obligatorio a favor de los competidores a los elementos desagregados de la red local pertenecientes a las empresas operadoras de Nippon Telegraph y Telephone Corporation (NTT).

En este artículo, examinamos las dificultades sustantivas de injertar la política de interconexión de la FCC sobre los mercados de telecomunicaciones de otros países. Durante más de seis años, muchos expertos estadounidenses en políticas de telecomunicaciones han discrepado si los consumidores estadounidenses se han beneficiado de las mismas políticas de la FCC que el USTR hizo emular a los reguladores japoneses. La iniciativa de la USTR parece ignorar que la transición a tarifas basadas en costos de interconexión y servicios de telecomunicaciones por menor ha sido un proceso difícil y pendiente en Estados Unidos; que los modelos de costos utilizados por la FCC para fijar los precios de interconexión tienen deficiencias significativas; que los precios de interconexión reales dentro y fuera de los Estados Unidos difieren considerablemente de las estimativas de los modelos de costos de la FCC; que las variaciones entre los países relativas a los precios de los insumos tienen un efecto significativo sobre los costos de interconexión; y que, con respeto a la depreciación en particular, los reguladores tratan este costo de forma diferenciada — y, desde una perspectiva económica, de forma más razonable — en el Japón en relación a los Estados Unidos. Dichas consideraciones económicas sustantivas sugieren por qué la política de la FCC en esta área ha generado litigios continuamente (incluyendo dos casos de la Corte Suprema desde 1996) y, en consecuencia, se encuentra no resuelta aun, en este momento, en la experiencia americana para que los Estados Unidos la fuerce en sus socios comerciales.

A continuación, nosotros cuestionamos si la USTR tiene el conocimiento específico necesario para negociar acuerdos comerciales sobre los precios de interconexión. Cuestionamos la conveniencia de utilizar el USTR para influenciar la política regulatoria nacional de otros países sobre un tema tan complejo como la estipulación de precios eficientes de acceso obligatorio a los elementos de la red desagregada. El poder de la USTR para formular políticas comerciales sobre este tema reside en los funcionarios que probablemente no poseen la expertise económica y los recursos necesarios para evaluar las implicaciones de bienestar del consumidor de las políticas que harían adoptar a Japón y otros países. Por estas razones, la USTR no puede, de manera convincente, hacer de las políticas de precios de interconexión de otros países una preocupación legítima de la política comercial de los Estados Unidos.

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