El Derecho de la Competencia Para las Empresas Públicas

Resumen

Empresas públicas, también llamadas empresas de propiedad estatal (EPE), pertenecen a gobiernos en lugar de a inversionistas privados. Las EPEs compiten directamente, en muchos e importantes mercados, con empresas privadas, hábiles en maximizar beneficios. Las EPEs podrían tener considerables incentivos en favorecer actividades anticompetitivas para expandir la escala y el alcance de sus operaciones. El derecho de la competencia para las EPEs, sin embargo, cae bajo un cuerpo de jurisprudencia al que los tribunales y legisladores de los Estados Unidos han contribuido poco directamente. Por el contrario, la decisión de la Comisión Europea (CE) sobre el Deutsche Post en 2001 es un paso importante en el desarrollo del derecho de la competencia para las EPEs. En este artículo, desarrollamos una estructura teórica que explica porqué las EPEs podrían promover una conducta anticompetitiva. Proponemos una normativa legal para analizar dicha conducta, y argumentamos que esta normativa debería ser más estricta que la normativa legal aplicada a firmas privadas.

Comenzamos en Parte II examinando la decisión de la CE sobre el caso de Deutsche Post. La CE admitió, correctamente, que tarifas bajo el costo incremental promedio de largo plazo (CIPLP) son poco apropiadas tanto para empresas que maximizan beneficios como para las EPEs. Los argumentos que presentamos en Partes III a V explican el porqué. Parte II también revisa conceptos de costos multiproducto, incluyendo el concepto de CIPLP.

Parte III examina los objetivos de una EPE y los precios que fija cuando se dedica a los objetivos identificados y se enfrenta ante una carencia de restricción de precios aparte de las restricciones impuestas por la competencia en los mercados no reservados. Identificamos condiciones bajo las cuales una EPE elegiría fijar sus precios bajo los costos marginales de producción, aunque tales precios generalmente sean considerados predatorios (o abusivos), y por lo tanto, anticompetitivos. Además, exponemos los métodos que una EPE podría usar para relajar una prohibición obligatoria contra los precios por debajo del costo. Examinamos los incentivos de una EPE para aumentar los costos de competidores existentes y de erigir barreras para impedir a competidores potenciales entrar en los mercados relevantes. Finalmente, examinamos las implicaciones de una EPE capaz de lograr ventajas de costos en un mercado no reservado en virtud de su monopolio estatutario de un mercado reservado. Estas ventajas pueden resultar de economías de ámbito entre el mercado reservado y el no reservado, oportunidades de logro que a los competidores de la EPE se les rehúsa a dar.

Parte IV explica porqué las EPEs podrían tener mayor aptitud para actuar anticompetitivamente que las empresas privadas. Esta aptitud superior surge en parte debido a los poderes expandidos y privilegios especiales que muchas veces se les otorga a las EPEs. Estos poderes y privilegios pueden contribuir a asegurar que una EPE, a diferencia de sus competidores privados, no tenga que recuperar los costos de su conducta anticompetitiva, aumentando, posteriormente, sus precios en mercados no reservados.

Parte V propone una estructura para evaluar las desventajas de usar el CIPLP de una EPE como estándar para averiguar si los precios de la EPE, en mercados no reservados, son anticompetitivos. Si bien esta normativa es apropiada para evaluar alegaciones de precios predatorios por empresas privadas, argumentamos que en general no es apropiada para las EPEs. El precio mínimo de una EPE típicamente debería exceder el CIPLP de la EPE. El alcance al que el precio mínimo debería exceder el CIPLP de la EPE depende de varios factores que identificamos. También explicamos la razón por la que, aunque ciertos puntos de referencia comunes puedan constituir precios mínimos razonables en algunas circunstancias, otros precios mínimos podrían ser más apropiados en otras circunstancias. Articulamos directrices específicas para cada caso que explican el alcance al que los precios mínimos deberían ser incrementados por encima del CIPLP de la EPE.

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